El expresidente Zapatero y la guerra del relato: entre la investigación y el juicio mediático

Pedro La Camera Ruano – (Jubilado)

Lo que está en juego no es únicamente el nombre del expresidente Zapatero, sino la calidad democrática del país. La presunción de inocencia no puede quedar sepultada bajo el ruido de las portadas, los platós y las dinámicas de intoxicación informativa

La maquinaria mediática se ha volcado con una extraordinaria intensidad sobre las informaciones y sospechas que rodean al expresidente Zapatero. Pero también resulta evidente que, desde determinados ámbitos políticos, mediáticos y judiciales, se está aprovechando cada filtración y cada titular para construir un relato de corrupción que no busca solo señalar a una persona, sino golpear al conjunto del espacio progresista. Esa es una de las claves de la operación en marcha: convertir un episodio todavía impreciso en una sombra alargada sobre todo un proyecto político y sepultar bajo el ruido cualquier balance de gestión del Gobierno.

Conviene recordar, además, la acción de este Gobierno, porque el debate público no debería quedar secuestrado por la lógica del escándalo cuando hay resultados de gestión que también merecen ser juzgados. Ahí están algunos datos que rara vez reciben el mismo espacio en portadas, tertulias y editoriales: la tasa de paro ha pasado del 15,28 % al 9,9 %; España ha creado 3,5 millones de empleos y supera ya los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social; el turismo ha pasado de 83 millones de visitantes extranjeros en 2018 a cerca de 97 millones en 2025; y el PIB ha crecido de 1,2 billones de euros en 2018 a cerca de 1,69 billones en 2025, pese al impacto de una pandemia que paralizó la economía mundial.

A ello se suman avances sociales igualmente significativos: las pensiones contributivas acumulan subidas cercanas al 25-27 %, mientras que las mínimas superan ya incrementos de entre el 35 y el 40 %; el Salario Mínimo Interprofesional ha pasado de 735,90 euros en 2018 a 1.221 euros mensuales en 2026; la llamada “hucha de las pensiones”, que este Gobierno recibió prácticamente vacía, supera ya los 15.000 millones de euros; y se han reforzado las becas, los recursos transferidos a las comunidades autónomas para sanidad y educación, así como políticas sociales como el Ingreso Mínimo Vital.

Sería injusto no reconocer estos avances. Por eso resulta legítimo preguntarse por qué tantos ciudadanos parecen olvidar estos datos con tanta facilidad, mientras cualquier sospecha, incluso antes de ser demostrada, ocupa durante semanas tertulias, editoriales y campañas políticas.

Conviene subrayar, además, que del propio documento judicial no parece desprenderse con nitidez una imputación concreta, cerrada y concluyente contra el expresidente Zapatero. Precisamente por eso, resulta aún más preocupante la facilidad con la que determinadas filtraciones e interpretaciones interesadas acaban convirtiéndose en una condena mediática anticipada.

Hace apenas unos días, el juez Calama introducía en su auto una supuesta “influencia interesada” de José Luis Rodríguez Zapatero sobre directivos de Repsol para favorecer a Danilo Díaz Granados en Venezuela. Sin embargo, la contundente negativa de la propia compañía, que rechaza cualquier vínculo comercial con ese empresario y reivindica sus principios de transparencia, integridad y respeto a la legalidad, ha puesto en cuestión la solidez de una acusación ya lanzada al espacio público con gran repercusión. Una vez más, se sugiere primero, se amplifica después y solo más tarde se comprueba si había realmente base para sostener semejante señalamiento. Y para entonces, el daño político y reputacional ya está hecho.

También el asunto de las joyas familiares ha sido utilizado como instrumento de desgaste político, presentándolo poco menos que como el descubrimiento de un nuevo delito. Pero si su procedencia está en una herencia familiar de la esposa de Zapatero, lo que se refuerza entonces es la impresión de que no estamos ante un comportamiento ilícito, sino ante el empeño en convertir cualquier elemento privado en material de sospecha pública. Otra vez el mismo método: sugerir primero, intoxicar después y dejar que la duda haga el trabajo político.

Eso sí: si el expresidente Zapatero ha participado en cualquier trama corrupta, deberá responder ante la justicia como cualquier otro ciudadano. Con pruebas. Con garantías. Con la rectitud de los jueces, Y con todas las consecuencias.

Pero también hay que decirlo con claridad: lo que estamos viendo no se presenta solo como una investigación, sino también como una operación de desgaste político basada en un uso combinado de resortes judiciales, policiales y mediáticos. A base de filtraciones, amplificación pública y explotación partidista de cualquier indicio, se alimenta un clima de culpabilidad anticipada que busca golpear simbólicamente a una figura de la izquierda y proyectar esa sombra sobre todo un espacio político. Frente a ello, no basta con la denuncia: hace falta también una movilización democrática, serena y firme, en defensa de las garantías del Estado de derecho, de la presunción de inocencia y de una vida pública no sometida al linchamiento permanente.

Lo que está en juego no es únicamente el nombre del expresidente Zapatero, sino la calidad democrática del país. La presunción de inocencia no puede quedar sepultada bajo el ruido de las portadas, los platós y las dinámicas de intoxicación informativa. En una democracia digna de ese nombre, las responsabilidades se establecen con pruebas; la sospecha, por sí sola, no puede convertirse en sentencia política.

Publicado: Canarias 7 (03-006-2026)