Sanciones, poder y petróleo: La verdadera batalla por Venezuela
El conflicto en torno a Venezuela suele presentarse como una discusión sobre democracia, legitimidad política o liderazgo presidencial. Sin embargo, esta lectura resulta incompleta si se la separa de un factor central: el control de los recursos estratégicos y la estructura histórica del poder internacional. Más allá de los discursos oficiales, la disputa real no gira únicamente en torno a quién gobierna Venezuela, sino sobre quién decide el destino de sus riquezas naturales y para beneficio de quién.
Estados Unidos, independientemente de quién ocupe la presidencia, ha demostrado una continuidad histórica en su política exterior hacia países ricos en recursos estratégicos. La falta de solidaridad internacional no es una anomalía, sino una consecuencia lógica de una política basada en intereses económicos, energéticos y geopolíticos. En este contexto, figuras como Donald Trump no representan una ruptura, sino una expresión más explícita y agresiva de una lógica preexistente.
En cuanto a los recursos estratégicos y precedentes históricos, la historia del siglo XX y XXI muestra un patrón recurrente: cuando un país periférico intenta ejercer soberanía efectiva sobre recursos estratégicos, enfrenta presiones externas. Irán en 1953, Guatemala en 1954 o Chile en 1973 son ejemplos donde nacionalizaciones o reformas que afectaban intereses corporativos extranjeros desencadenaron intervenciones directas o indirectas.
Venezuela se inscribe en esa misma tradición histórica. El país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en aproximadamente 303 mil millones de barriles, lo que equivale a cerca del 17 % de las reservas globales. A esto se suman importantes reservas de gas natural, oro y minerales estratégicos como el coltán. Esta abundancia convierte a Venezuela en un actor clave dentro del mapa energético mundial, independientemente de su situación política interna.
La consecuencia es que la producción petrolera de Venezuela ha pasado del potencial a la contracción. Así, a pesar de este enorme potencial, la capacidad productiva del país se ha visto severamente limitada. Durante la segunda mitad del siglo XX, Venezuela llegó a producir más de 3,5 millones de barriles diarios, posicionándose como uno de los principales exportadores del mundo. Sin embargo, en los últimos años la producción ha caído a niveles cercanos a 900.000 barriles diarios, es decir, menos de una tercera parte de su capacidad histórica.
Si bien esta caída responde a múltiples factores: gestión, inversión insuficiente, deterioro de infraestructura, las sanciones económicas y financieras han tenido un efecto determinante. Las restricciones al acceso a financiamiento, repuestos, tecnología y mercados tradicionales han limitado seriamente la capacidad de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) para sostener y recuperar la producción. En términos globales, esto ha reducido el peso de Venezuela a alrededor de 1 % de la producción mundial, una cifra desproporcionadamente baja si se compara con el tamaño de sus reservas.
Otro punto que destacar es el impacto macroeconómico de las sanciones. Desde el punto de vista macroeconómico, el impacto de las sanciones ha sido profundo y cuantificable. Diversos estudios independientes estiman que Venezuela ha perdido decenas de miles de millones de dólares en ingresos petroleros desde la imposición de las sanciones más severas. Algunas estimaciones amplían esta cifra a más de 200 mil millones de dólares acumulados entre 2017 y 2024, un monto que supera ampliamente el PIB anual del país.
Estas pérdidas no se limitan a cifras contables. En una economía altamente dependiente del petróleo, que históricamente ha representado cerca del 95 % de las exportaciones y una parte sustancial de los ingresos fiscales, la reducción de divisas tiene efectos sistémicos: menor capacidad de importar alimentos y medicinas, deterioro de servicios públicos, contracción del gasto social y profundización de la crisis económica.
Las sanciones, diseñadas formalmente para presionar a las élites gobernantes, han tenido un impacto directo sobre la población civil, al debilitar la capacidad operativa del Estado y restringir su margen de maniobra económica, llevando al pueblo venezolano a situaciones de pobreza y en ocasiones de hambruna.
Los argumentos de Trump y su gobierno para justificar su acción militar de “democracia y discurso moral” son falsos, realmente es un “acto de piratería” contra Venezuela, que viene de lejos con la apropiación de activos venezolanos y sanciones unilaterales sin ningún respaldo internacional, que refleja la percepción de abuso de poder y vulneración de principios jurídicos fundamentales. Desde esa visión, es una apropiación forzada de bienes de otro Estado, usando poder político y financiero en lugar de una fuerza naval (como la piratería clásica). Además, existe un argumento de peso que da pie a garantizar el acto de “piratería” y es que no hubo mandato de la ONU, por lo que sería una acción extraterritorial e ilegítima, lo que supone una violación del Derecho internacional y de la soberanía de Venezuela. Para muchos países y juristas, sienta un precedente peligroso: que una potencia decida quién gobierna y se quede con los bienes.
El argumento de la “defensa de la democracia” ha sido central en la narrativa oficial que justifica las sanciones y el aislamiento internacional. Sin embargo, este discurso pierde consistencia cuando se observa la selectividad con la que se aplica. Estados Unidos han mantenido relaciones estrechas con gobiernos autoritarios cuando estos garantizan estabilidad política y acceso a recursos estratégicos.
Esta contradicción refuerza la idea de que el conflicto venezolano no es esencialmente moral, sino material y geopolítico. La democracia funciona como un marco discursivo, pero el núcleo del problema reside en el control de recursos y en la resistencia de un país periférico a integrarse en esquemas favorables a los centros de poder global.
En conclusión, el caso venezolano demuestra que la disputa internacional contemporánea no puede entenderse sin analizar la relación entre recursos naturales, poder económico y soberanía. El problema no es únicamente quién gobierna Venezuela, sino quién define el uso de su riqueza y en qué condiciones. Mientras esta pregunta siga sin resolverse en favor de los intereses nacionales, el país continuará siendo un escenario de presión externa, sanciones y conflicto.
Venezuela no es una excepción, sino un ejemplo paradigmático de una dinámica histórica recurrente: en un mundo profundamente desigual, la soberanía sobre los recursos sigue siendo uno de los mayores desafíos para los países ricos en materias primas. Identificar a los actores que impulsan esta disputa permite comprender su verdadera naturaleza.
No se trata de un conflicto difuso, sino de una pugna donde convergen intereses estatales, principalmente de Estados Unidos como autor de la iniciativa del acto de piratería, corporaciones energéticas que buscan asegurar acceso a recursos estratégicos y potencias como China y Rusia que ven en Venezuela un espacio para ampliar su influencia. Estos actores, con capacidades económicas y militares muy superiores, moldean el conflicto venezolano más allá de cualquier narrativa moral o institucional.
Es precisamente en ese marco donde se proyecta el futuro inmediato del país. En última instancia, el futuro de Venezuela seguirá marcado por la disputa por sus recursos estratégicos. Mientras no se resuelva quién controla y decide el uso de esa riqueza, el país permanecerá atrapado entre sanciones, presiones externas y rivalidades geopolíticas. El escenario más probable es la continuidad del conflicto, con ajustes tácticos, hasta que la soberanía económica pueda imponerse sobre los intereses de las potencias que hoy condicionan su destino.
Pedro La Camera Ruano
Miembro de la Asociación Democracia Canarias XXI
